Amnesia histórica
"Queremos que el Rey de España pida perdón a las víctimas en general porque éste supone la continuidad con el régimen anterior", aseguró el portavoz de ERC en el debate sobre la ley de amnesia histórica que ha iniciado hoy su trámite parlamentario. Es el resumen de lo que significa la memoria histórica: reavivar el odio y regodearse en el revanchismo. Los que aseguran preservar el legado de quienes hicieron un golpe de estado en el 34 y fracasaron buscan ganar la guerra contra los que también se levantaron en armas en el 36 y tuvieron éxito, setenta años después. Sólo que nadie reclama la herencia de estos últimos; mientras la derecha se ha modernizado abandonando los lastres autoritarios, tanto la izquierda como el nacionalismo permanecen anclados en la nostalgia del totalitarismo que impulsaron entonces".
El historiador británico Paul Johnson escribió que nuestra guerra civil había sido "el acontecimiento del siglo XX sobre el que más mentiras se han escrito". Y la mayor y más repetida, sin duda, ha sido la de intentar colarnos la Segunda República como un periodo paradisíaco en el que sólo la maldad de los terratenientes y los curas, celosos de sus privilegios, supone una mínima sombra. Pero esta historia de resabios marxistas, de buenos y malos, nunca ha resistido un análisis mínimamente serio; ni siquiera el escrutinio más superficial del sentido común.
Desgraciadamente, la Segunda República fue un régimen que desde su inicio se planteó como exclusivo de media España contra la otra media. En un país católico se escribió una carta magna no ya "laicista", como gusta ahora decir, sino abiertamente antirreligiosa. Quema de conventos aparte, sirva como anécdota que la celebración de la Semana Santa fue suspendida en casi toda España en 1933, facilitada por la Ley de Defensa de la República, cuya promulgación acabó con las pocas garantías ante el arbitrio del poder de la constitución del 31, y permitió también el cierre de un centenar de periódicos de derecha durante los cinco años que sobrevivió el régimen. Es posible que sea a esto a lo que se refiera Zapatero cuando afirma que nuestra democracia –la que quiere implantar, con la derecha aislada y sin posibilidad de gobernar– no hereda de la Transición sino de la república.
Tras una desastrosa república contra la que se sublevaron desde todas las ideologías llegó una guerra en la que las atrocidades de un bando sólo lograron superarlas las del otro, y que ganaron quienes no se mataron entre sí. Mientras intenten hacernos creer que la represión fue algo pensado y estudiado en el bando de los malos y propio de incontrolados –y por tanto disculpable– en el de los buenos, resultará imposible creer en las buenas intenciones de quienes promueven una "memoria" que nada tiene que ver con la Historia, y que más bien parece amnesia interesada. Ni cabe enorgullecerse del bando apoyado por Hitler ni tampoco por el de Stalin.
La vicepresidenta De la Vega ha intentado en vano presentar el texto como "heredero del mejor espíritu de la Transición" y, especialmente, de la "concordia". La guerra de esquelas que está librándose en nuestros periódicos indica que si hay algo que esta ley y, sobre todo, la propaganda sectaria que la acompaña están logrando es precisamente acabar con la concordia y resucitar el guerracivilismo. Porque incluso una ley que reflejara la moral hemipléjica de la izquierda podría no haber exacerbado los ánimos si no hubiera estado acompañada de tantas declaraciones desde las más altas instancias haciendo suyos "los valores" de la Segunda República. Mientras la progresía española siga anclada en el 34, resultará difícil creer en las credenciales democráticas de las que tanto se pavonean
Leyes a favor de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que demuestran lo innecesario de la ley de Memoria Histórica
Decreto 3357/1975, de 5 de diciembre (BOE Nº 308, de 24 de diciembre), por el que se declaran revisadas de oficio y anuladas las sanciones administrativas acordadas de conformidad con lo que establece la Ley de 10 de febrero de 1939, de Responsabilidades Políticas.
Real Decreto 840/1976, de 18 de marzo, de indulto, quedan revisadas de oficio y anulados los efectos de las Ley de Responsabilidades Políticas de 28 de febrero de 1939.
Ley 46/1977, de 15 de octubre (BOE Nº 248, de 17 de octubre), de Amnistía.
Real Decreto 6/1978, de 6 de marzo, por la que regula la situación de los militares profesionales que tomaron parte en la Guerra Civil en el Ejército de la República. Modificada por la Ley 10/1980, de 14 de marzo.
Ley 5/1979, de 18 de septiembre, reconoce pensiones, asistencia médica y asistencia social a viudas, hijos y familiares de españoles fallecidos en la Guerra Civil.
Ley 35/1980, de 26 de junio, para reconocimiento derechos sociales de Mutilados de la República.
Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes durante la Guerra Civil formaron parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República. (Sólo a partir de suboficiales)
Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado. Modificada por Real Decreto 13/2005, de 28 de octubre.
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, en su Disposición Adicional Decimoctava, estableció una indemnización a favor de quienes sufrieron prisión en establecimientos penitenciarios durante tres o más años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la citada Ley 46/1977, y tuvieran cumplida la edad de sesenta y cinco años en 31 de diciembre de 1990. El régimen jurídico de esta prestación, en lo que afecta a los plazos de solicitud y beneficios de las indemnizaciones, fue modificado por la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Fiscal. A partir de 1995, las Comunidades Autónomas establecieron ayudas para las personas que no pudieron acceder a estas ayudas estatales por no cumplir algún requisito, ya sea de edad o de tiempo de estancia en establecimientos penitenciarios.
Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del período 1936-1939.
Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional (Niños de la Guerra)
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